El modelo que defendemos tiene como objetivo que la sociedad en general, y los hombres en particular, sean corresponsables en el sostenimiento de los cuidados así como garantizar los mismos con unos servicios sociales de calidad, en la atención a las personas dependientes, con diversidad funcional, a los/las recién nacidos/as y a los/las menores.
El cuidado no es exclusivo del ámbito familiar o doméstico, sino que es una necesidad de todas las personas. Los cuidados a corto y largo plazo no pueden centrarse exclusivamente en cubrir las necesidades básicas de las personas mayores, ya que hay que atender otros aspectos fundamentales para su propia vida, su propia independencia emocional y su derecho a ser cuidada dignamente. Estos cuidados realizados por la familia, las instituciones públicas y el mercado formado por empresas con ánimo de lucro, además del voluntariado y las organizaciones del Tercer Sector, deben reorganizarse mediante un apoyo mayor de servicios públicos y reducir los horarios en las jornadas laborales además de apostar por un modelo de cuidados compartidos, universales y comunitarios. El dinero público es para amparar a la sociedad no para que algunos se lucren con ello.
Incidir en una mayor configuración del empleo doméstico emplazaría más a repartir que a compartir el cuidado. Resulta incuestionable la prioridad de caminar hacia propuestas que aboguen por limitar, repartir y compartir el tiempo de todo el trabajo, no solamente del remunerado.
El objetivo es facilitar la reducción de la desigualdad existente entre mujeres y hombres en las tareas de cuidados, replanteando, la organización social y ética de los cuidados, mediante una respuesta colectiva al problema, y no responsabilizar únicamente a las mujeres, por ser una mano de obra barata, no remunerada. No podemos seguir creando empleos para el cuidado, que impidan el cuidado personal e individual. Las personas cuidamos a personas. Reorganizar la estructura laboral, la forma de educación de género, son urgencias que se plantean tras la crisis de cuidados, impulsada por el actual sistema socioeconómico. Resulta igualmente imprescindible eliminar la condición que prevé como único acceso a los servicios de dependencia, la prestación por cuidados en el entorno familiar, ampliando el foco a la responsabilidad compartida de los cuidados, Una respuesta institucional, a través de la creación de servicios profesionales para atender a las necesidades de cuidado, la profesionalidad en atención personalizada del SAD, mayor cantidad de guarderías municipales, de Centros de Día, así como respuestas comunitarias que refuercen los vínculos afectivos y a un modelo convivencial compartido, es una necesidad inherente.
La prioridad política debe establecer los cuidados sociosanitarios como base primordial, con un coste público y social para asegurar una calidad del servicio, una regulación laboral y una garantía al derecho de las personas a ser cuidadas en su entorno personal.
Los cuidados son la columna vertebral de todas las sociedades, básicos para la supervivencia y que han ido adoptando distintas características según el lugar y el momento histórico.
Los cuidados y servicios, apoyos prestados por la red, pueden ser remunerados o no, lo que origina el cuidado informal, sin retribución económica pero de un gran coste emocional y personal; y el formal, prestado por profesionales con un coste económico que puede estar subvencionado en parte por las instituciones públicas.
Generalmente han sido las familias las que han prestado el cuidado informal en caso de enfermedades, de discapacidad, por accidentes, a las personas mayores dependientes y los cuidados en la infancia. Esta función ha recaído y recae, casi en exclusiva, en las mujeres del núcleo familiar, en las madres, cónyuges, hijas o hermanas de las personas dependientes.
Es decir, el papel de la cuidadora es el elemento principal de la red informal. Por tanto, las políticas públicas dan por supuesto que las familias, y dentro de ellas las mujeres, deben asumir la provisión de bienestar de sus miembros. Lo que sigue penalizándonos.
Esta asignación de tareas se realiza desde una perspectiva patriarcal profundamente arraigada en nuestra sociedad y que se basa en la división sexual del trabajo, por la que los hombres han accedido al empleo formal, al salario y a los derechos sociales, debido al rol de sustentadores de la familia que históricamente se les ha asignado; mientras que las mujeres han quedado adscritas a una situación de dependencia respecto a los hombres y han sido relegadas a la realización de las tareas menos valoradas (el trabajo de cuidado no remunerado), consideradas algo consustancial y natural al sexo femenino.
Esto conlleva un elevado coste que asumen en exclusiva las mujeres por el hecho de cuidar. Que se refleja en términos de salud, calidad de vida, oportunidades de empleo, desarrollo profesional, impacto económico, relaciones sociales y disponibilidad del propio tiempo. Es decir, la salud de las mujeres que cuidan se ve más deteriorada que la de los hombres. Presentan peor salud general, más dolor y malestar, más enfermedades crónicas y hábitos de vida menos saludables, como escaso ejercicio físico, mala alimentación o un descanso insuficiente. Además, el cuidado se asocia a una mayor frecuencia de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y estrés.
Pero es que además, el impacto laboral y económico de cuidar no solo se evidencia a corto plazo, sino que tiene también consecuencias en la vida de las mujeres que cuidan a más largo plazo: el abandono del empleo o la imposibilidad de acceso a él, lo que lleva consigo una disminución de los derechos a prestaciones sociales en un futuro (como las pensiones contributivas), reduciendo así nuestra capacidad adquisitiva incluso cuando ya no tenemos que responsabilizarnos del cuidado. La realidad es que las mujeres cuidadoras en edad activa, tienen un mayor riesgo de caer en la pobreza y de tener una mala salud.
Dicho esto, reivindicamos que solo con un conjunto de prestaciones y servicios destinados a colaborar con las mujeres en el cuidado, se comenzaría a reparar la falta de equidad que, frente a los sistemas de protección social, se comete con las mujeres.
Es necesario que el cuidado sea considerado una necesidad social básica y, por tanto, constituya un derecho de ciudadanía. No se trata de promover solamente una mayor oferta de cuidado, sino de universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para el cuidado, siendo la única manera de que se inserte como un derecho humano fundamental: el derecho a ser cuidado y cuidada, a cuidar y a cuidarse.
Conclusión
Es urgente diseñar un nuevo contrato social en el cual las tareas de cuidado sean asumidas como un tema de responsabilidad compartida entre el estado, el mercado y la sociedad en general, pero también entre los hombres y las mujeres dentro de los hogares. En resumen una real corresponsabilidad en el cuidado diario. Es hora de reconocer la contribución a la sociedad de quienes cuidamos de otras personas y para ello tenemos que recordar que desde hace unas décadas se aporta a la sociedad contribuyendo a la sostenibilidad de la vida, la valiosa ayuda de un gran colectivo de mujeres migradas que trabajan de manera regular como cuidadoras, debido a la falta de mano de obra autóctona para atender a las personas dependientes , pero también existe la figura, bajo el contrato de hogar familiar, de mujeres migradas que están realizando tareas de cuidados, con un régimen de pernocta . Trabajos realizados en condiciones que vulneran sus derechos como mujeres y trabajadoras, situándolas en una situación de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral (explotación, abusos, violencias), generando todo ello un impacto importante en su salud física y emocional, a costa de seguir las pautas impuestas para el cuidado de una sociedad capitalista, patriarcal y neocolonial.
